Dr. Mauricio León Rivera
Cirujano oncólogo – Jefe de Unidad de Mastología – Clínica Ricardo Palma
Presidente de la Asociación Mauchis Contra el Cáncer
Director Liga Contra el Cáncer
Presidente Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica
Como cirujano oncólogo, he sido testigo durante años de la ardua batalla de miles de pacientes con cáncer en nuestro país. Por ello, afirmo que no es común recibir noticias tan alentadoras como la reciente decisión del Poder Judicial que ordena a las aseguradoras privadas/IAFAS cubrir tratamientos oncológicos efectivos, sin importar su origen o costo. Esta medida representa mucho más que un simple dictamen judicial: es un acto de reivindicación y de humanidad.
En innumerables ocasiones he sido testigo del sufrimiento de familias enteras que, además de lidiar con el dolor de un diagnóstico devastador, se enfrentan a un sistema de salud que les cierra las puertas por falta de recursos y/o trabas administrativas. Tratamientos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte han sido negados sistemáticamente por la mayoría de aseguradoras, amparadas en argumentos técnicos o vacíos legales. Este fallo marca un antes y un después en esta realidad.
El Poder Judicial ha manifestado claramente que, mientras exista respaldo científico en beneficio de los pacientes, los tratamientos no pueden ser negados; la vida y la salud prevalecen sobre cualquier proceso administrativo o restricción presupuestaria. Con esto, se crea un precedente que favorecerá el acceso a la salud de miles de peruanos.
Por tal motivo, es importante resaltar que esta decisión es “un paso crucial” para proteger la vida de los más vulnerables. En un país donde los derechos fundamentales se ven condicionados por la capacidad económica, este dictamen humaniza nuestro sistema de salud y da esperanza a quienes más la necesitan. Por otro lado, el mismo Estado es el que tiene el deber de facilitar que las empresas aseguradoras/IAFAS puedan cumplir la ley con otras normas que no trasladen este pago al resto de los pacientes, con medidas adecuadas, quizás exonerando de impuestos o aranceles a drogas de alto costo o equipos de alta tecnología, con el fin de no quebrar a la empresa privada que es su deber también cuidarla, ya que el trabajo es de TODOS.
Este dictamen no solo es un triunfo legal, sino también un llamado a la conciencia colectiva. No es posible que los pacientes continúen siendo víctimas del beneficio económico, ni de la burocracia. Esta resolución también supone un desafío para el Estado, que debe asegurar que las normativas se ajusten a esta nueva realidad, fomentando una cobertura eficaz, a tiempo y libre de discriminaciones.
Este es un avance, sí, pero aún queda mucho por hacer. Informar, denunciar y visibilizar las historias de quienes luchan por su salud es vital. Porque detrás de cada sentencia, cada fármaco y cada aseguradora, hay rostros, nombres y vidas que merecen ser protegidas.
Hoy el Perú da un paso importante. Que no sea el último. Que este fallo sea el inicio de una reforma profunda en el acceso a tratamientos médicos modernos. Y que la esperanza no vuelva a depender de una colecta virtual, pollada o rifa, sino de un sistema que funcione, que proteja y que salve.
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